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“Voices For Justice” hace entrega de 181.806 firmas instando a la Unión Europea a que aprueba una Directiva que proteja a los Alertadores

La corrupción tiene un impacto muy negativo en el estado de derecho y disfrute de los derechos humanos. Socava la confianza de los ciudadanos/as en las instituciones del Estado. Distorsiona las políticas y prioridades, desviando partidas de los presupuestos estatales que deberían dedicarse al avance de los derechos humanos. Es importante destacar que esta distorsión tiene un impacto desproporcionado en las personas que pertenecen a grupos expuestos a riesgos particulares, como las minorías, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, las personas con VIH / SIDA, los refugiados o las personas privadas de libertad. De la misma manera, afecta desproporcionada a las mujeres, los/as niños/as y las personas que viven en condiciones de pobreza.

Sin embargo, se necesita mucho valor para denunciar la corrupción. María Garrido, Jonathan Sugarman o Briggitte Heinischi , lo saben muy bien. Ell@s alertaron sobre malas prácticas y graves actos de corrupción y en represalia han sufrido graves perjuicios contra su integridad física y moral y la de su familia. Como ell@s, muchos otr@s alertadores han perdido su empleo, son condenados al ostracismo y son víctimas de graves amenazas contra su vida. No podemos dejarlos sol@s. Quienes alertan sobre las malas prácticas en sus lugares de trabajo, previenen y denuncian daños al interés público poniendo el foco sobre cuestiones importantes que el Estado tiene la obligación moral y legal de abordar. Son auténticos defensores de la democracia y la libertad de expresión.

La campaña “Voices for Justice” ha recogido hasta le fecha 181.806 firmas pidiendo a la Unión Europea que apruebe la Directiva que protege a l@s alertadores, que ahora sufren represalias por denunciar el fraude y la corrupción y anime así a la alerta de las malas prácticas. Esta campaña está operando desde hace más de dos años y  en ella han participado alrededor de 90 organizaciones de la sociedad civil europea.

El pasado lunes 4 de marzo, se produjo un hito importante en la vida de esta campaña, y FIBGAR junto Riparte il Futuro, BluePrint for The Free Speech hizo entrega de estas firmas a la representante electa del Parlamento Europeo, Virginia Rozier, portavoz de esta institución y persona elegida para discutir la protección de los alentadores en las negociaciones con la Comisión y con el Consejo de Europa. 

El público europeo espera una directiva mejor de la que proponen la Comisión y el Consejo. Es necesario garantizar el derecho a la protección también cuando se informa a un gerente o a la policía, explica Martin Jefflén, presidente de Eurocadres, fundador de WhistleblowerProtection.EU, donde muchas organizaciones han cooperado para reunir apoyo para la petición. Esta posición que defiende el Parlamento, se enfrenta no obstante a la firme oposición del Consejo y de la Comisión.

La discusión de esta directiva ofrece una oportunidad única para que Europa cuente con unos está ndares mínimos en la protección de los denunciantes y alentadores de malas prácticas. La aprobación de una directiva que prevea la obligación de presentar informes internos obligatorios debilitaría el estado de derecho en un momento en que Europa lo necesita más que nunca. Una directiva "pobre" que no contemple otros canales de alerta no estaría siendo capaz de proteger a los/as alertadores”,  afirma Veronika Nad, gerente nacional de Blueprint for Free Speech, que participó en la entrega de más de un cuarto de millón de firmas. “Hemos trabajado tanto para llegar a este punto que nos ha resultado bastante desconcertante ver que la Comisión y el Consejo siguen manteniendo la disposición de notificación interna obligatoria. Simplemente no tiene sentido” añadió Verónica.

Desde FIBGAR seguiremos trabajando en favor de la libertad de expresión, el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La protección de los alentadores es importante y  no debemos dejarlos solos.

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