Colombia en su laberinto
Alexis Del Pozo Garnham
Director FIBGAR Colombia
¿Cómo se construye la paz más allá de la firma de los acuerdos? Sin duda, ésta es quizá la pregunta más compleja y difícil de contestar, y a la que ningún proceso moderno ha podido responder con una fórmula certera. A pesar de la filosofía de hacer todo sobre la marcha, que particularmente en Latinoamérica es casi un dogma, mirar los referentes más cercanos del país, así como las lecciones aprendidas en los procesos más recientes del continente (El Salvador y Guatemala), seguramente nos darán pistas para los desafíos actuales.
En este sentido e intentando sintetizar algo que es demasiado complejo, como los procesos de paz de Centroamérica, hay que decir que estos países lograron con éxito que sus negociaciones de paz concretaran acuerdos políticos que permitieran la incorporación de las guerrillas a la vida democrática (en especial en El Salvador), mostrando una baja ostensible en las muertes y persecuciones ideológicas, pero que, paradójicamente, esta región del mundo, en particular dos de los países que firmaron la paz (Guatemala y El Salvador), son hoy la zona más violenta y con más homicidios del planeta, superando incluso a las épocas más crudas de sus conflictos armados.
Según muchos expertos, estos niveles preocupantes de violencia en El Salvador y en Guatemala pasan, entre otros factores, por el incumplimiento y el olvido de algunos de los acuerdos socioeconómicos adquiridos, un tema no menor si valoramos el hecho de que ambos procesos lideraron una fase de acuerdos de paz en el mundo, en donde se integraban como ejes sustantivos las reformas estructurales económicas, sociales y políticas, igual que el actual caso colombiano.
De hecho, este es uno de los primeros llamados de atención, porque el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el segunda y definitivo acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular (FARC-EP), se abrió un proceso que incluye entre sus puntos más importantes temas estructurales que buscan generar nuevas oportunidades para la construcción de un país más justo.
Cambios en los modelos de desarrollo territorial, en la participación política y en los caminos para que Colombia acabe con los cultivos ilegales, además de una estructura de justicia transicional que permita verdad y reparación a las víctimas del país, así como toda una arquitectura legal e institucional para la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, están siendo implementados a través de políticas públicas y reformas legales en el Congreso de la República y revisados por las Cortes de Justicia.
Sin embargo, el corazón de la paz no lo constituyen la aprobación de acuerdos ni la elaboración de leyes y políticas, sino más bien la implementación de lo escrito en medio de las vicisitudes coyunturales y el juego de poder.
Recordemos que Colombia se ha caracterizado por impulsar procesos de paz completamente atípicos en el mundo; solo por recordar algunos de los más recientes: M19, EPL, Quintín Lame, Autodefensas Unidas de Colombia y ahora las FARC. Cada uno de estos acuerdos ha tenido a sus espaldas, como amenaza y como dificultad, la existencia de otros grupos guerrilleros y de grupos armados de crimen organizado que sin duda complejizan y amenazan cualquier acuerdo. Como ejemplo, en la actualidad el gobierno está paralelamente en medio de diálogos con la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y al mismo tiempo, el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más grandes del país ha solicitado un proceso de entrega con beneficios. Hoy por hoy y dependiendo de la región, hay activos en Colombia diversos grupos y bandas ligadas al narcotráfico u otras manifestaciones de crimen organizado como la minería ilegal o el contrabando que definitivamente suman riesgos enormes a la paz.
Adicionalmente, el actual proceso de paz con las FARC viene antecedido por casi diez años de un modelo de justicia transicional creado para el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Grupos paramilitares contrainsurgentes), que ha buscado reparar en medio del conflicto a las víctimas de la violencia, ya sea de manera individual como colectiva, con un fuerte acento en la restitución de tierras. Este proceso han sido una base y un estándar importante del actual proceso con la FARC.
Estos antecedentes hacen necesaria una mirada cautelosa frente al futuro del actual proceso de paz. Por una parte, Colombia ha visto exterminios de desmovilizados y de partidos políticos que salieron de los acuerdos anteriores (EPL y Unión Patriótica), empujando a las guerrillas a retomar las armas, y por otro, hay una deuda gigantesca con las víctimas en los temas de la verdad y la reparación, especialmente a la hora de revisar la restitución de tierras.
A este panorama se suman algunas preocupaciones no menores, como que desde que se ha anunciado la firma de la paz hasta hoy, hay sido asesinados más de cien líderes sociales de todo el país, y algunos desmovilizados de las FARC, sin que hasta el momento se haya judicializado o apresado a nadie. Este hecho en particular ha dado pie a muchos sectores sociales para especular que existe un nuevo fenómeno de paramilitarismo, o de grupos armados que están relacionados a poderes fácticos que siguen amenazando con violencia a los movimientos sociales, vulnerando todo tipo de derechos, y que el Estado (por distintas razones) no cuenta con la capacidad de controlar o frenas esta situación.
Por otra parte, y retomando las lecciones aprendidas de Centroamérica, la implementación de la paz requerirá abundantes recursos, y en la actualidad nadie sabe a ciencia cierta de donde saldrá el dinero. La reciente reforma tributaria no garantiza presupuesto para la paz y los precios del petróleo tienen a Colombia muy golpeada económicamente. Si el presupuesto es la política en acción, no es posible pensarse la paz del país si no hay con qué costear los cambios. Recordemos que Colombia está a las puertas de procesos estratégicos para la paz, como la generación en los territorios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que, según los acuerdos, serán la hoja de ruta de la inversión del Estado para finalmente transformar la ruralidad marginada por la violencia y la ausencia de Estado, o el proceso consultivos de sustitución de cultivos ilegales que implica planes de subvenciones y proyectos integrales para que poblaciones enteras cambien sus vocaciones económicas agrarias.
Como si no fuera suficiente, esto sucede en un contexto de debates sobre temas vitales que Colombia tenía pendientes y subterráneos porque la guerra no los permitía, y que ha desnudado grandes crisis en torno a asuntos como la corrupción de todos los poderes del Estado, especialmente en las altas cortes de Justicia; al tipo de modelo extractivista de desarrollo, especialmente el minero energético; a la agenda social gremial, rural campesina, indígena y afrocolombiana, que ha sido aplazada por décadas en acuerdos y mesas que no se han cumplido; todo esto en una coyuntura pre electoral en la que la paz ya se ha vuelto uno de los ejes de disputa entre los que quieren deshacerla y los que quieren consolidarla.
La paz centroamericana mostró que no es suficiente entregar las armas, pues si no se hacen esfuerzos por cumplir con la agenda socioeconómica pactada, la consecuencia pueden ser grandes crisis sociales que no solo impulsan nuevas oleadas de violencia, sino que desgastan la credibilidad y las bases del modelo tradicional de organización del Estado.
Una sociedad que vive en paz es la suma de fenómenos multidimensionales; no es el silencio de las armas, sino más bien un conjunto de factores entre los que se encuentran la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible, las reglas claras y sobre todo, la voluntad y compromiso de cada uno de los ciudadanos, desde la manifestación más simple del individuo y su comportamiento con los otros, hasta sus formas más complejas como gremios, partidos, organizaciones.
El paso que ha dado Colombia es de enorme envergadura, no solo para si misma sino para todo el continente. Por ahora atraviesa un momento de prueba y error en donde se permite ir construyendo sobre la marcha, y por lo mismo es el momento apropiado para revisar lecciones aprendidas. El proceso de paz no podrá ser medido en meses, sino en décadas; una mirada crítica en este momento permitirá que en varios años no se tenga que revisar en que se falló, sino que se pueda relatar cómo se hizo para resolver los desafíos.
La firma de la Paz con las FARC ha sido el paso inicial que está abriendo las puertas a cambios más trascendentales. Con los ojos bien abiertos, altura de mira, paciencia y expectativas realistas, hay muchas probabilidades de que Colombia pueda reescribir su historia.