Sin las víctimas no hay justicia
José María Tomás Tío. Presidente Fundación por la Justicia
Madrid, 13 de julio de 2016. Igual que asumimos que somos Jueces de Derecho Comunitario, estamos dispuestos a asumir que también lo somos de Derecho Internacional Humanitario.
Sencillamente porque nuestra Constitución atribuye a la y a l Declaración Universal de Derechos Humanos os tratados y acuerdos internacionales sobre dichas materias rango jerárquico superior al de la ley e inferior a la Constitución (art 10 CE).
Nuestro país ha ratificado y publicado en el BOE un grupo de Convenios de la OIT y de Tratados de la Unesco, pero muy particularmente Convenciones, Convenios, Pactos y Protocolos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en relación con el genocidio, trata de personas y explotación de la prostitución, refugiados, esclavitud y prácticas análogas, discriminación racial, de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos, discriminación contra la mujer, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pena de muerte, doble sistema de investigación de oficio, derechos del niño, participación de niños en conflictos armados, venta de niños, prostitución infantil y pornografía, delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de migrantes, prevención de la tortura, derechos de las personas con discapacidad, desapariciones forzadas, entre los más singulares, que nos imponen un nuevo modo de abordar el trabajo de todos los días.
Algunos de nuestros conocimientos, estructuras mentales y estrategias intelectuales cuando nos planteamos cualquier cuestión relativa a derechos fundamentales y libertades, necesariamente nos van a exigir la referencia a las víctimas, que es como decir a quien tiene un derecho privilegiado a acceder a la justicia para saber la verdad, obtener justicia, conseguir reparación y garantías de que su agravio no deberá repetirse. El gran enemigo de todos siempre será la impunidad.
La respuesta del Consejo General del Poder Judicial a las propuestas insistentes de organizaciones de derechos humanos -en particular FIBGAR y AEDIDH-, en sintonía con las recomendaciones del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sr. Pablo de Greiff, ante los reiterados incumplimientos de nuestro país y las carencias institucionales respecto de determinadas obligaciones contraídas, da idea del compromiso asumido.
Nos han producido inquietud, provocado reflexión, generado reservas, impulsado a nuevas formas de interpretar la ley, pero sobre todo se ha cumplido el gran objetivo de descubrir que cuando el derecho aspira a la verdad y a la justicia no siempre lo tenemos todo aprendido hasta que nuestra mente y nuestro compromiso no alcancen lo particular en lo universal.
Aceptar real, personal e institucionalmente que sin las víctimas no hay justicia, supone un cambio de paradigma esencial, que, sin disminuir los logros tan costosamente alcanzados de la presunción de inocencia y las reglas del in dubio, nos convencerá que estamos en tránsito al debido proceso, camino del gran objetivo de la reparación indispensable para la pacificación, teniendo en cuenta que la reparación es más un proceso que un momento. Será más fácil que desaparezcan los sentimientos de rencor y venganza, asumiendo que hay muchas maneras no traumáticas de convivir.
Es casi seguro que la verdad de las víctimas no sea la verdad histórica, y que a la justicia no le corresponde dar con esta, pero es tan cierto como que la verdad de las víctimas se convierte en imprescindible para la verdad judicial y necesario que todos la sepan para conformar la mejor historia. Todo se irá al traste si unos y otras consienten la obscena politización de la situación de las víctimas o se perpetúa la privatización del ejercicio de sus derechos a la verdad y reparación, a la justicia y a la no repetición.
Lo que nos vale para los grandes conflictos puede ser que también valga para los menores y sugerente resulta la afirmación del presidente Uribe de que hay que aspirar a "tanta justicia como sea posible con tanta impunidad como sea necesaria".
La mayor necesidad de reparación es la de la pérdida del derecho a decidir cada un@ libremente su proyecto de vida. Humanizar la justicia, en definitiva.
Con esos parámetros será más fácil abordar tantos casos de niños robados (unos 15.000), más de 100.000 desapariciones forzadas, exigencias de la histórica memoria, torturas, invasiones injustificadas, masacres de población civil,.... pues todas las víctimas tienen derecho a la justicia.